Fuente: EL TIEMPO (https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/ruido-en-conjuntos-residenciales-687300).

Autor original: NORA PABÓN GÓMEZ – ABOGADA, ASESORA EXTERNA para EL TIEMPO.

a) “Soy propietaria y habito en un apartamento residencial en un conjunto. Uno de los propietarios de una de las unidades tiene en su apartamento un estudio de producción de música y trabaja desde allí. Sin embargo, aunque el propietario aduce que tiene su estudio insonorizado, la música, instrumentos, baterías etc., se oyen desde los otros apartamentos de la copropiedad todo el día, inclusive de noche y en fines de semana. ¿Cuáles son las disposiciones contempladas en la Lay 675 sobre estos casos? ¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Es legal tener un estudio de producción de música en un edificio residencial? ¿Si es legal para el copropietario tener su estudio de música, cuales serían los horarios?”

b) “En nuestro edificio, un vecino compró un apartamento y lo ha convertido en un taller. Golpea, serrucha, taladra a toda hora, incluso a altas horas de la noche, sin importarle sus vecinos. Además tiene una venta de instrumentos musicales y sillas de ruedas, los cuales vende haciendo entrar los posibles compradores a las zonas sociales del edificio que es residencial, utilizando un toma corriente para la prueba de sus elementos, sin importarle el llamado de atención por parte de la asamblea ¿que acción podemos tomar al respecto?”

Respuesta

Es necesario advertir que el hecho de que se permita desarrollar trabajos en casa no significa que se pueda modificar el uso autorizado en la licencia y en el reglamento de propiedad horizontal de cada copropiedad.

Esto es, que muchas actividades se podrán adelantar, pero no todas y sin límites, especialmente si estas aumentan y agravan la violación de los derechos de los demás propietarios y perturban su uso y goce de las unidades privadas y bienes comunes.

Lo primero que deben hacer estas personas afectadas, es consultar en una de las curadurías urbanas u oficina de Planeación según el caso, si estos usos son permitidos en el inmueble, pues existiría una acción policiva adicional y más efectiva y rápida, en razón de que se estarían violando normas urbanísticas y por tanto de orden público, por lo cual las autoridades policivas podrían suspender la actividad.

En todo caso, después de que el administrador lleve los casos ante el Comité de Convivencia y agote el trámite de solución de conflictos, se podrán imponer las sanciones pertinentes. Ello sin perjuicio de las acciones policivas y judiciales que pueden interponer los afectados. Recomiendo evaluar la posibilidad de la acción de tutela.

Por último, estos problemas no son de cada propietario afectado, sino de la administración y de los demás residentes que no pueden ser indiferentes, negligentes, ni tolerantes.

Además de las normas citadas, y la ley 675 de 2001, el Ministerio de Ambiente y las alcaldías (en Bogotá a través de la Secretaría de Ambiente) tienen una amplia regulación, y cumplen funciones relacionadas con la contaminación ambiental por ruido.

Fuente: El Espectador (https://www.elespectador.com/bogota/conflictos-por-demoras-en-entrega-de-proyecto-de-vivienda-quien-responde/).

Autor original: Camilo Acosta Villada – El Espectador.

Un grupo de personas, que pusieron sus ahorros y esperanzas de tener casa propia en un proyecto de apartamentos en el norte de Bogotá, viven un viacrucis por años de demoras en su entrega, obras sin terminar y problemas con el servicio de energía.

Decenas de familias en distintas ciudades han invertido ahorros y tiempo en proyectos inmobiliarios que, años después, quedan inconclusos o a medias.

Tal es el caso del proyecto Ocean Tower, en el sector de Bocagrande, en Cartagena, que debía ser entregado en 2015, pero quedó abandonado; o el de la constructora Alpes, en el Valle del Cauca, en donde cientos de familias resultaron afectadas por las demoras de hasta tres años en la entrega de sus viviendas.

Esta situación no es ajena para la capital del país. El Espectador conoció las quejas de varias familias que, en mayo de 2017, firmaron promesas de compraventa para el proyecto inmobiliario Los Andes, ubicado en el sector de La Floresta, en el noroccidente de Bogotá. Sin embargo, al menos 16 familias que pudieron mudarse a los apartamentos tienen que soportar las incomodidades causadas por las obras que aún se adelantan en la torre y la demora de viviendas que aún no tienen fecha de entrega, porque, denuncian, hubo un cambio en las reglas de juego de la compra inicial.

Terrazas, la manzana de la discordia

Según dos personas que hablaron con este diario, la Sociedad Luque Ospina Proyectos S.A.S., responsable del proyecto, les incumplió en la fecha de entrega de los domicilios: ambas dicen que las demoras son de más de dos años, pues en 2019 debían entregárselos, luego de pagar el número de cuotas pactadas.

Una de ellas contó que la sociedad les informó que tenían que pagar $50 millones más por una terraza que, dice, en principio se concibió como de uso exclusivo del propietario y que luego, en mayo de este año, les solicitó la terminación de ese contrato y que les devolverían el dinero que pagaron (más de $136 millones), más el 7 % de ese valor.

“Trabajaron con nuestro dinero y ahora que el metro cuadrado está muy por encima de lo que compramos, quieren lucrarse y quedarse con los apartamentos para venderlos más caros”, señaló.

Por otro lado, otra mujer que también compró apartamento, con terraza incluida, en abril de 2017, le dijo a El Espectador que tras haber pagado cerca de $246 millones para que fuera entregado en 2019, le dijeron en noviembre de 2021 que le cobrarían por la terraza $96 millones más. Aunque en principio se negó, la premura del crédito aprobado por la entidad bancaria para adquirirlo la llevaron a proponer un arreglo por $30 millones. “Me tengo que sacrificar para pagar ese excedente”, aseguró sobre el impacto en su bolsillo de ese gasto inesperado.

Si por allá llueve…

Otra familia de las que compraron vivienda con la Sociedad Luque Ospina Proyectos S.A.S., a diferencia de los dos casos anteriores, sí pudo mudarse al apartamento, aunque esto no significaría que los problemas acabarían.

Ernesto* y su familia se mudaron en octubre de 2021 al apartamento, aunque debieron entregarles un año y medio antes. El retraso los había dejado pagando arriendo. De manera que ante la presión que hizo le entregaron el inmueble, pero, cuenta, “a la torre le faltaban puertas, aún estaban en obras y asumimos el riesgo de pasarnos así”, pues el polvo y el ruido de la construcción hacen que vivir allí no sea del todo tranquilo.

Pero sus quejas van más allá: aseguró que en el edificio aún no instalan contadores de energía y que este servicio lo tienen porque “están conectados a los cables de un poste”. Sin contar las incomodidades con las que aún tienen que lidiar.

Este diario evidenció que en el interior hay obreros trabajando, residuos y material usado de obra (como bolsas de cemento, varillas y tablas), y que hasta uno de los ascensores se encuentra forrado con pliegues de cajas de cartón en sus paredes y piso.

¿Quién responde?

La Secretaría de Hábitat de Bogotá ha sido una de las entidades a las que algunos de los propietarios afectados acudieron para poner en conocimiento el cambio de condiciones en cuanto al valor del inmueble. Sin embargo, respondió que no tenía competencia para intervenir en el asunto y recomendó que podían acudir a la Casa de Justicia de la localidad.

Por otra parte, Enel Colombia le confirmó a este diario que “la energía con la que actualmente cuenta el edificio corresponde a la provisional de obra”, como parte de un servicio que presta de manera temporal a las constructoras y advirtió que no era “para que los residentes accedan al mismo”. Por ello, sentenció que si esa era la situación, “la constructora compromete la seguridad de las personas y sus inmuebles, pues significa que la edificación aún no ha finalizado el proceso de conexión”.

Al respecto, Rodrigo Montenegro, representante legal de Luque Ospina Proyectos, le dijo a El Espectador que el problema con las terrazas estaba solucionado, que la torre cuenta con un 99 % de avance y que la entrega de apartamentos se ha demorado por “problemas externos de fuerza mayor”, debido a un inconveniente con el paz y salvo del pago de valorización y predial, que les causó una demora de cinco meses para la entrega de escrituras, y que hace seis meses hicieron el pedido formal para el proceso de energización de la torre.

El coordinador del consultorio jurídico de la Universidad del Rosario, Álvaro Sarmiento, recomendó que los ciudadanos que se vean afectados por situaciones como estas pueden acudir ante un juez civil para realizar un proceso ejecutivo, acudir a la delegatura de protección al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para un proceso administrativo o intentar un acuerdo conciliatorio con la constructora.

Ahora este grupo de personas espera que la próxima semana los representantes de la compañía les cumplan una cita para resolver este conflicto, que ha tenido en vilo los deseos de que les entreguen casa propia y que las condiciones del edificio sean óptimas, sin excusas ni más prórrogas.